La CIDH reclamó  al Perú que sancione a  los responsables. El 2003, el Estado peruano aceptó que la señora Mamérita Mestanza fue víctima de un caso de violación de Derechos Humanos. Vea los documentos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

César Romero C.

Ante la negativa del sistema judicial peruano de investigar las esterilizaciones forzadas, en  junio de 1999, las víctimas se vieron obligadas a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en busca de justicia.

El primer caso que se presentó fue el de la señora  María Mamérita Mestanza Chávez, quien fue sometida de manera forzada a un procedimiento quirúrgico de esterilización, en un centro médico de Cajamarca en 1998, que finalmente ocasionó su muerte. Luego se sumaron otros dos mil casos de víctimas de esterilización forzada.

Ante esta situación, y tras la caída de la dictadura fujimorista, en octubre del 2003, el Estado peruano aceptó que la señora Mestanza fue víctima de un caso de violación de derechos humanos, y se comprometió a investigar y sancionar a los responsables.

“El Estado Peruano se compromete a realizar exhaustiva investigación de los hechos y aplicar las sanciones legales contra toda persona que se determine como participante de los hechos, sea como autor intelectual, material, mediato u otra condición, aun en el caso de que se trate de funcionarios o servidores públicos, sean civiles o militares”, precisa el acuerdo.

En virtud de ese acuerdo, el 2003, la Fiscalía de Derechos Humanos inició una investigación que a comienzos del 2010 fue archivado con dos argumentos: 1) que las esterilizaciones eran homicidio involuntario y por lo tanto estaban prescritos, y 2) que las esterilizaciones no están tipificadas como violación de derechos humanos.

El acuerdo de solución amistosa también establece que el Estado peruano debe informar a la CIDH  cada tres meses del avance de las investigaciones.

Ante la decisión de la Fiscalía peruana, el 5 de noviembre del 2010, la CIDH emitió un comunicado en el que exige al Perú cumplir con la solución amistosa.

“La CIDH recibió información sobre la prescripción de la acción penal para la investigación de la esterilización forzada de la que fueron víctimas más de 2.000 mujeres durante el gobierno de Alberto Fujimori en Perú. La CIDH condena esta situación de impunidad y recuerda que en el acuerdo de solución amistosa firmado el 10 de octubre de 2003, el Estado se había comprometido a individualizar y sancionar debidamente a los responsables”, dijo la CIDH.

Si el Perú sigue incumpliendo el acuerdo, la Comisión se vería obligada a denunciar a nuestro país ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para ser sancionado por no dar justicia al caso de Marita Mestanza e incumplir el Acuerdo de Solución Amistosa.

En tanto, la Comisión ya ha recibido otras dos demandas de esterilización forzada de una víctima de Piura y otro de La Molina, en Lima. Un proyecto de ley para que las esterilizaciones forzadas sean consideradas delito en la legislación peruana está entrampado en la Comisión de Justicia, que preside Rolando Sousa.

Fujimori dirigía las esterilizaciones

Una  subcomisión del Congreso de la República, presidida por el ex congresista Héctor Chávez Chuchón, que el  año 2002 investigó las esterilizaciones forzadas, encontró que el ex dictador Alberto Fujimori recibía información mensual del número de ligaduras y vasectomías que se realizaban en los diversos centros médicos del país y del avance del programa.

El mismo Fujimori había establecido una meta de 200 mil esterilizaciones anuales, que luego redujo a 150 mil, en reuniones que  sostuvo con los directores de las regiones del Ministerio de Salud, de la seguridad social y de las Fuerzas Armadas, en Ancón y Paracas, de acuerdo con la declaración del ex congresista Róger Guerra García.

Óscar Zúñiga Vargas, ex director de Salud en Huancavelica, reveló  que las decisiones para el programa de esterilizaciones estaban a cargo del viceministro de Salud de aquella época, es decir, Alejandro Aguinaga.

Desde 1994 a 1999, el viceministro de Salud fue Alejandro Aguinaga. En 1999, lo nombraron ministro de Salud hasta el final del gobierno. Zúñiga dijo que en una oportunidad fue invitado a una reunión en Lima con el viceministro de Salud. “Esa fue una primera reunión donde se nos hizo énfasis en que una de las prioridades de Salud era el Programa AQV.